martes, 7 de agosto de 2012

Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos

  • Los inmigrantes irregulares con más de 65 años abonarán el doble

  • Embarazadas, asilados, víctimas de trata y menores no pagarán

  • Los extranjeros podrán acceder al servicio si llevan un año empadronados

Después de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria pública —excepto la urgente—, el Ministerio de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una vía para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas (convenios los llaman) con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados.
La orden que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).
Según los cálculos realizados para esta propuesta por el Ministerio de Sanidad, los menores de 65 años pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima, por término medio, que gastará cada persona en esa franja de edad, y los mayores de 65, 466,3 euros menos, que serían asumidos por las Administraciones. La memoria económica que acompaña al borrador concluye que “este nuevo convenio no tendría impacto económico significativo”.

Los colectivos de inmigrantes ven con muchísima preocupación el plan del Gobierno de exigir 710 euros al año a los inmigrantes sin papeles para poder tener acceso a la sanidad y hasta 1.864 en el caso de los mayores de 65 años.
“Esa cantidad es una fortuna para un inmigrante sin papeles que, o no tiene trabajo o sobrevive con pequeñas chapuzas de vez en cuando”, explica Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui. “Muchos han perdido los papeles por la crisis, al quedarse sin trabajo, pero antes habían estado cotizando en España. Es una situación tremendamente injusta que ahora se les pida esa cantidad. Para ellos es una fortuna. Con sus pequeños ingresos tienen que afrontar el pago del alquiler para evitar el desahucio, la alimentación...¡No pueden enfermar! Esta medida condena al colectivo más vulnerable a más precariedad”...

Periódico: El País  6 AGO 2012

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/07/actualidad/1344336787_863646.html

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