martes, 18 de mayo de 2010

Nota de prensa y declaración Red por la Despatologización de las Identidades trans

ACTIVISTAS TRANS EXIGEN AL GOBIERNO ESPAÑOL LA ELIMINACIÓN DE NORMATIVAS PATOLOGIZANTES
Luego de que el Consejo de Ministros oficializara este vienes sus gestiones ante la Organización Mundial de la Salud para que la transexualidad deje de ser considerada un trastorno mental, la Red por la Despatologización de la Identidades Trans exigió al gobierno español eliminar el diagnóstico psiquiátrico como requisito para acceder al cambio legal de nombre y a las prestaciones sanitarias de reasignación de género.
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Desde hace cuatro años los colectivos trans llevan a cabo una incesante campaña internacional para que la Asociación de Psiquiatras Norteamericana (APA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminen de sus listados de enfermedades el “trastorno de identidad de género”.
La demanda, que ha tenido fuerte presencia de colectivos españoles, busca igualar el objetivo que ya lograron el 17 mayo de 1990 gays y lesbianas, al ser eliminada la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS.
A veinte años de este hito, el activismo trans del Estado español ha redoblado su campaña para lograr la modificación de la ley de identidad de género aprobada en España el 2007 eliminando de los requisitos para el cambio de nombre legal, el diagnóstico psiquiátrico y los dos años previos de tratamiento médico.
“El gobierno español ha dado una buena señal política, pero debe dar una muestra de coherencia y pasar del discurso a los hechos eliminando las exigencias de psiquiatrización y patologización que impone la Ley de Identidad de Género que ellos mismos aprobaron. Esta ley fue promocionada como un emblema internacional de una legislación respetuosa de la diversidad sin precisar que nos sigue tratando como seres patológicos. Tener que acreditar certificados sanitarios en una modificación registral es absurdo y discrimidador”, afirma Alira Araneta activista del colectivo madrileño Acera del Frente y una de las portavoces de la Red Internacional por la Despatologización Trans.
Las demandas también incluyen el acceso libre, sin requisito de diagnóstico psiquiátrico, a las terapias de hormonación y a las cirugías reasignación de género en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, puesto que hoy aún no está garantizado su inclusión en todas las comunidades autónomas, y el acceso a los tratamientos nombrados está supeditado a la aprobación o rechazo de los psiquiatras que avalúan caso a caso la pertinencia del tratamiento solicitado.
“La libre identidad de género es un derecho humano irrenunciable y la disforia de género es un concepto transfóbico. Estamos felices por el consenso que se ha ido generando en torno a la necesidad de despatologizar la transexualidad, pero tenemos el deber de exigir a las autoridades españolas la modificación de las leyes y normativas locales que nos definen como enfermos. No basta con sus gestiones internacionales ante la OMS”, sentencia Miguel Missé activista trans del colectivo Trans Block de Barcelona y también portavoz de la Red por la Despatologización Trans.
Aimar Suess del Colectivo Conjuntos Difusos de Granada, también portavoz de la campaña, agrega que el tema de fondo es el cuestionamiento de una visión del mundo que sólo reconoce “dos modelos cerrados”, hombre y mujer, y que considera patológico toda variante o indefinición de género, quitando a las personas trans el derecho humano de libre expresión de la identidad de género. Suess recuerda además que que otro de los objetivos definidos por la red trans es lograr la eliminación de la mención del sexo en los documentos oficiales.

“Si para acceder al cambio registral de nombre y sexo se requiere un diagnóstico psiquiátrico, se ve restringido mi derecho como ciudadano. Lo mismo en el ámbito de la salud: actualmente, el derecho sanitario de participar en los procesos de decisión sobre el propio cuerpo se ve limitado por la necesidad de autorización psiquiátrica, en contraposición con las recomendaciones de declaraciones internacionales recientes de derechos humanos”, subraya Suess.
Coincidiendo con el Congreso Internacional sobre Identidad de Género y Derechos Humanos que se desarrollará la primera semana de junio en Barcelona, la Red Internacional por la Despatologización de las Identidades Trans ha convocado para el sábado 5 de junio a una manifestación pública que según se prevé será la más importante desde el inicio de su campaña.
La campaña internacional por la despatologización de la transexualidad, Stop Trans Pathologización, ha tenido un alto impacto en la agenda del movimiento de lesbianas, gay, transexuales y bisexuales, logrando en octubre pasado manifestaciones en más de 40 ciudades de todo el mundo.


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DECLARACION:

POR LA DESPATOLOGIZACIÓN DE LA LEY 3/2007 Y LOS DERECHOS SANITARIOS TRANS


En los últimos meses, en el contexto español se han publicado varias declaraciones relacionadas con la despatologización de la transexualidad.

El 14 de mayo de 2010, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo en el que el Gobierno español se compromete a solicitar a la OMS la eliminación de la transexualidad de la CIE (Clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud). Con este acuerdo, se adelanta al debate previsto en el Congreso de Diputados de una Proposición No de Ley presentada el 5 de mayo de 2010 por el Grupo Parlamentario Socialista que incluía, aparte de la petición de que el Gobierno activara las gestiones oportunas ante la OMS para que la transexualidad deje de ser considerada como enfermedad mental, la realización de una solicitud correspondiente a la APA (American Psychiatric Association) respecto a la descatalogización de la transexualidad de la próxima edición del DSM.

Este acuerdo fue precedido por dos declaraciones del Congreso de los Diputados relacionadas con los derechos trans que dieron respuesta a sendas preguntas realizadas por el diputado Joan Herrera del Grupo Parlamentario de ERC-CIU-ICV. La primera pregunta del diputado se refería a la opinión del Gobierno sobre la catalogización de la transexualidad como trastorno mental. El Congreso de los Diputados publicó, con fecha de 15 de marzo de 2010, la siguiente respuesta: “El Gobierno español comparte la necesidad de descatalogar la transexualidad como un trastorno mental”.


En la segunda pregunta, el diputado pidió información sobre los resultados del estudio sobre la adecuación del requisito de tratamiento médico de dos años en la actual Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. El Gobierno español se había comprometido a dicho estudio en respuesta a una Proposición No de Ley aprobada el 30 de junio de 2008 que proponía la supresión del requisito de hormonación en la Ley 3/2007. El Congreso de los Diputados respondió con fecha de 23 de marzo de 2010 que los resultados del nombrado estudio comprueban que “no se puede concluir con un tiempo concreto de mantenimiento de la hormonación para la rectificación registral del sexo”.


Desde la Red Estatal por la Despatologización de las Identidades Trans, valoramos estas declaraciones como un posible paso para adelante en el reconocimiento de los derechos de las personas trans. A la vez, nos gustaría señalar que la puesta en práctica de estas declaraciones de interés requiere cambios en la legislación y en la práctica sanitaria actual, en el sentido de una abolición de los requisitos patologizantes presentes en la Ley 3/2007 y de un cambio del modelo de atención del proceso de reasignación de género.


Además, nos gustaría señalar que la situación legal y sanitaria actual de las personas trans en el Estado español no sólo se encuentra en contradicción con las declaraciones recientes del Gobierno, sino también con declaraciones internacionales de Derechos Humanos, entre ellas los Principios de Yogyakarta (2007), el Informe temático “Derechos humanos e identidad de género” del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (2009) y la reciente Resolución 1728 (2010) sobre discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, adoptada el 29 de abril de 2010 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organismo del que España es estado miembro.


En estas declaraciones se señala que los requisitos obligatorios presentes en las legislaciones actuales atentan contra el derecho a la integridad física y se afirma que el derecho al reconocimiento legal del género no debería ser restringido por ningún procedimiento médico obligatorio. En este sentido, en la recién adoptada Resolución 1728, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hace una llamada a sus estados miembros a garantizar el derecho de las personas transgénero a documentos que reflejen su identidad de género preferida sin requisitos obligatorios como la esterilización, cirugía de reasignación de género o terapia hormonal.

Además, los tres documentos hacen hincapié en el derecho a un acceso libre e igualitario a una atención sanitaria de calidad para las personas trans, tanto respecto al proceso de reasignación de género como en otras áreas sanitarias. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa cuestiona la clasificación de la transexualidad como enfermedad mental declarando que “Desde una perspectiva de derechos humanos y de la asistencia sanitaria, no es necesario que se realice ningún diagnóstico de trastorno mental para dar acceso al tratamiento de una situación que requiere asistencia médica.” (Hammarberg 2009: 12). Asimismo, recomienda que los cambios jurídicos y sanitarios relacionados con los derechos trans se realicen con la participación de grupos y organizaciones trans.


Actualmente, el Gobierno Español incumple en diferentes aspectos con los principios que establecen las declaraciones internacionales citadas, así como con sus propias declaraciones de interés:

La actual Ley 3/2007 requiere un diagnóstico de disforia de género y dos años de tratamiento médico para la rectificación registral del nombre y sexo. En este aspecto, incumple la recomendación de posibilitar un reconocimiento legal del nombre y género sin requisitos de procedimientos médicos obligatorios, nombrada en las declaraciones internacionales de derechos humanos citadas, entre ellas la reciente Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Tal como indica la respuesta del Gobierno Español del 23 de marzo de 2010, los resultados de su estudio no sostienen el mantenimiento del requisito de tratamiento médico establecido por la Ley 3/2007. Además, el requisito de diagnóstico de disforia de género se encuentra en contradicción con la postura actual del gobierno de apoyo a la descatalogización de la transexualidad como enfermedad mental, así como la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

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Actualmente, el proceso de reasignación de género está excluido del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, quedando relegado a la responsabilidad de las Comunidades Autónomas. De momento, no todas las Comunidades Autónomas incluyen el proceso de reasignación de género en sus prestaciones sanitarias, creando una situación de desigualdad en el acceso a este tratamiento. Esta situación incumple con la recomendación expresada en las declaraciones internacionales revisadas que recomiendan una cobertura sanitaria pública e igualitaria del proceso de reasignación de género.

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El protocolo establecido en las “Unidades de Trastorno de Identidad de Género” limita el acceso a la hormonación y cirugía de reasignación de género a un diagnóstico psiquiátrico, sin permitir a las personas interesadas una participación en el proceso de decisión sobre la modificación corporal, en contradicción con las declaraciones internacionales de derechos humanos nombradas. También en este punto se puede observar una incoherencia entre la postura actual del gobierno a favor de la descatalogización de la transexualidad como enfermedad mental y la práctica clínica aún vigente de evaluación psiquiátrica de las identidades de género trans.

Por estas razones, pedimos al gobierno ser consecuente con sus propias declaraciones de intención y cumplir con las recomendaciones establecidas por organismos internacionales.

Demandamos:

1.La puesta en práctica del compromiso adquirido por el Gobierno español de solicitar a la OMS la desclasificación de la transexualidad de la CIE, incluyendo una información transparente y públicamente accesible sobre el proceso de solicitud y las respuestas de la OMS.

2.La realización de una solicitud equivalente del Gobierno español dirigida a la APA (American Psychiatric Association), con el objetivo de demandar la descatalogización de la transexualidad de la próxima edición del DSM.

3.La modificación de la Ley 3/2007, a través de la supresión del requisito de diagnóstico de disforia de género y del requisito de tratamiento médico de al menos dos años (artículo 4), así como la abolición de la prohibición de nombres que “induzcan al error en cuanto al sexo”, establecida en la Disposición Final Segunda de la Ley 3/2007 que reafirma, en este punto, el requisito establecido en la Ley de Registro Civil, de 8 de junio de 1957.

4.La inclusión del proceso de reasignación de género en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

5.El establecimiento de un protocolo de atención no patologizante del proceso de reasignación de género, sustituyendo el requisito de diagnóstico psiquiátrico que actualmente regula el acceso a la hormonación y cirugía de reasignación de género por un proceso de asesoramiento, decisión compartida y consentimiento informado.

6.La participación del movimiento trans en la elaboración de la propuesta de modificación de la Ley y de un protocolo sanitario del proceso de reasignación del género.


Red Estatal por la Despatologización de las Identidades Trans, mayo de 2010.

Contactos Portavoces:
Aimar Suess
(00+34) 668817872

Web: www.stp2012.info

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